La normativa vigente obliga a las empresas y administraciones a velar por una adecuada prevención de riesgos laborales, a promover la equidad en el ejercicio de los derechos de cada trabajador o trabajadora, y, en fin, a garantizar la seguridad y la salud en el medio laboral. No podemos obviar la obligación que tenemos ni perder la oportunidad (dado que existe la necesidad, un marco jurídico adecuado, y condiciones técnicas para ello) de llevar a cabo la consecución de un nuevo e ineludible criterio de calidad: la equidad de hombres y mujeres en todos los ámbitos de su vida social y económica, y por tanto en el de la salud en el medio laboral. El 20 de abril de 2023 se ha publicado la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027. Este acuerdo establece las actuaciones que se llevarán a cabo en laPrevención de Riesgos Laborales (PRL) hasta 2027. Esperemos que nos pasemos otros 20 años solo hablando de la integración de la perspectiva de género en las políticas de prevención de riesgos laborales de las empresas y de las AAPP Las desigualdades de género en el mercado de trabajo pueden condicionar la exposición a riesgos laborales y sus posteriores efectos en la salud de trabajadores y trabajadoras.
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