En Legislación en Salud y Seguridad en el Trabajo

Nos hallamos frente a la tercera sentencia del Tribunal Supremo, después de las de junio de 2015, que estimó obligatorio el reconocimiento médico de 700 Brigadas Rurales de Emergencia y de marzo 2018, que estimó obligatorio para vigilantes de seguridad y escoltas.

La actual sentencia revisa, tras recurso de las secciones sindicales, el pronunciamiento previo del TSJ de Madrid, referente a tres grupos de trabajadores del Parque Móvil del Estado: conductores, personal de mantenimiento con trabajos en altura y personal de taller con posible exposición a ruido y/o vibraciones y productos cancerígenos.

Esta sentencia establece una línea del TS en la obligatoriedad del reconocimiento médico, basada, no ya en situaciones específicas o individualizadas de peligro (trabajador que se duerme, ausenta, realiza el trabajo sin precisión, se muestra fatigado, agresivo…) sino en el desempeño de un puesto de trabajo, en el que se pueda presuponer que si se ocupara a un trabajador con determinadas patologías, podrían ser éstas causas de accidente y afectar a compañeros o a terceros.

Es obvio que cualquier conductor, aún sin pasajeros, puede causar daños a terceros, por lo que habrá que ver dónde se establece aquí el límite, o si se aplicará también a comerciales, repartidores, visitadores médicos, carretilleros… y a cualquier persona que conduzca un vehículo durante su jornada laboral.

Algo parecido sucederá con los trabajos en altura, en los que el nivel de razonamiento es que el riesgo al que se expone, evidentemente el de caídas, es tan notorio que no necesita mayor detenimiento, sin valorar la eficacia de las medidas preventivas que se adoptan para evitar dicho riesgo

 

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